La facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ordenar la inmovilización de cuentas bancarias debe ejercerse como medida cautelar vinculada a un proceso jurisdiccional en curso, y no de manera unilateral.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ordenar la inmovilización de cuentas bancarias. Se reitera que esta facultad, si bien existe, debe ser ejercida como una medida cautelar y estar vinculada a un proceso jurisdiccional en curso, idealmente a solicitud del Ministerio Público en el marco de un procedimiento penal. Se distingue de la posibilidad de que la orden de bloqueo provenga de una autoridad administrativa, pero esté relacionada con la probable comisión de delitos.