Se niega el amparo. Primero, se establece cuál es la interpretación correcta del artículo 32 del Código Fiscal de la Federación. Enseguida, se aborda el estudio de constitucionalidad, pero no prospera porque el precepto legal no puede ser sometido al test de igualdad. Finalmente, los argumentos de legalidad son infundados porque el requerimiento de información que le fue formulado a la promovente durante el trámite de devolución de saldos a favor, no conlleva el ejercicio de las facultades de comprobación.