La nulidad de una resolución administrativa sancionatoria procede cuando la autoridad omite notificar legalmente al particular el acuerdo de apertura de alegatos, vulnerando su derecho de defensa y la garantía de debido proceso.
La Primera Sala Regional en la Ciudad de México declaró la nulidad de una resolución de la Procuraduría Federal del Consumidor que impuso multas por infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor. El tribunal determinó que la autoridad omitió notificar legalmente a la actora el acuerdo de apertura de alegatos, dejándola en estado de indefensión y violando su derecho de defensa y la garantía de debido proceso. Por lo tanto, la resolución impugnada, al ser fruto de un acto viciado de origen, fue declarada nula.
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