La concesión unilateral de pensiones por jubilación por parte de un Congreso local, con cargo al presupuesto de otro Poder de la misma entidad federativa, transgrede el principio de división de poderes y la autonomía de gestión presupuestal de este último.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos contra el Congreso local. El Poder Judicial impugnó un decreto que otorgaba una pensión por jubilación a una persona, con cargo a su propio presupuesto. La Corte determinó que la acción del Congreso local constituye una intromisión indebida y una subordinación del Poder Judicial, violando su autonomía de gestión presupuestal y el principio de división de poderes. Por ello, se declaró la invalidez parcial del decreto impugnado.