La Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la fiscalización de las cuentas públicas debe realizarse con posterioridad al cierre del ejercicio fiscal anual, y no en tiempo real, en virtud de la naturaleza del control legislativo del gasto público.

La controversia constitucional analizó la validez de diversos preceptos de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como actos derivados de la no aprobación de la cuenta pública de un municipio. La Corte determinó que la fiscalización debe ser posterior al cierre del ejercicio fiscal, invalidando las disposiciones que permitían auditorías en tiempo real. Sin embargo, reconoció la validez del acuerdo del Congreso local que declaró no aprobada la cuenta pública, así como los actos del órgano de fiscalización, al considerar que la falta de motivación en el puntaje otorgado no era suficiente para invalidar todo el proceso.