La justicia de la Unión no ampara ni protege al contribuyente respecto de los actos reclamados a la autoridad fiscal estatal, al no acreditarse la ilegalidad de los mismos.

El Juzgado de Distrito sobresee el juicio de amparo respecto de actos reclamados a autoridades no fiscales, al no ser estas las responsables de la emisión o ejecución del crédito fiscal. En cuanto a la autoridad fiscal, niega el amparo al no desvirtuar el contribuyente la legalidad del procedimiento de cobro de un crédito fiscal derivado de una multa impuesta en un procedimiento laboral.