La legalidad de la resolución impugnada y del requerimiento de obligaciones omitidas se sustenta en la debida fundamentación y motivación de la competencia de la autoridad emisora, conforme a los artículos 16 de la Constitución y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó que la autoridad fiscal fundamentó debidamente su competencia para emitir la resolución impugnada y el requerimiento de obligaciones omitidas. Se analizó que la autoridad citó los preceptos legales y cláusulas de convenios de colaboración que le otorgan facultades, cumpliendo así con los requisitos de legalidad y seguridad jurídica. Asimismo, se consideraron inoperantes los argumentos sobre la ilegalidad de las notificaciones, pues el juicio se presentó en tiempo y forma.