La autonomía de gestión presupuestaria de un poder judicial se vulnera cuando el congreso local, mediante un decreto, se entromete en sus decisiones financieras al conceder una pensión con cargo a su presupuesto, contraviniendo la garantía de una administración de justicia expedita y la independencia de dicho poder.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó un decreto impugnado que concedía una pensión con cargo al presupuesto del poder judicial. Determinó que dicho decreto vulnera la autonomía de gestión presupuestaria del poder judicial, ya que el congreso local se entrometió en sus decisiones financieras. Esta intromisión contraviene la garantía de una administración de justicia expedita y la independencia del poder judicial, según lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal.