La invalidez de un decreto que impone el pago de una pensión con cargo al presupuesto de otro poder se actualiza cuando se vulnera la autonomía presupuestal, la independencia judicial y el principio de división de poderes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos contra el decreto legislativo que le imponía el pago de una pensión por jubilación. La Corte determinó que el Congreso local, al ordenar que el pago se realizara con cargo al presupuesto del Poder Judicial sin transferirle los recursos necesarios, vulneró la autonomía presupuestal, la independencia judicial y el principio de división de poderes, declarando la invalidez parcial del decreto.