La expresión "petición expresa", que justifica válidamente el despliegue de las facultades de bloqueo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se refiere a la solicitud presentada por una autoridad extranjera en la que requiere de forma manifiesta la implementación del bloqueo financiero de personas.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó qué debe entenderse por "petición expresa" para que el bloqueo financiero de personas, implementado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sea válido. El criterio establece que dicha "petición expresa" se refiere a una solicitud manifiesta de una autoridad extranjera que requiere la implementación del bloqueo financiero. Esto se fundamenta en las jurisprudencias 2a./J. 46/2018 (10a.) y 2a./J. 87/2019 (10a.), que versan sobre el despliegue de facultades de bloqueo y las reglas para el otorgamiento de la suspensión provisional en estos casos.