La procedencia del juicio fiscal o del recurso administrativo elegido por el afectado debe permitirse cuando sea dudosa o su improcedencia no sea absolutamente clara, a fin de garantizar la defensa de sus derechos y la protección del orden constitucional y legal, privilegiando la seguridad jurídica sobre tecnicismos procesales ambiguos.
El criterio establece que en casos de duda sobre la procedencia de un juicio fiscal o recurso administrativo, o cuando su improcedencia no sea evidente, se debe permitir al afectado defender sus derechos. Esto aplica también si el afectado acude directamente al amparo sin agotar un recurso de procedencia dudosa. Se prioriza la protección del orden jurídico y la seguridad del gobernado sobre formalismos procesales que puedan generar confusión o inseguridad jurídica, especialmente ante la oscuridad de la ley o cambios en la jurisprudencia.
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