La retención de participaciones federales a los municipios por parte de los poderes ejecutivos estatales, sin la debida fundamentación, motivación y autorización del Congreso Local, es inconstitucional por contravenir los principios de autonomía municipal, libre administración hacendaria e integridad de los recursos económicos municipales, así como las formalidades esenciales del procedimiento.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Municipio de Tlaquiltenango, Morelos, en contra del Poder Ejecutivo estatal por la retención de sus participaciones federales correspondientes a julio y agosto de 2014. El Municipio argumentó que dicha retención violaba los artículos 14 y 16 constitucionales por falta de fundamentación y motivación, así como el artículo 115 constitucional al vulnerar su autonomía hacendaria y la integridad de sus recursos. La Sala determinó que la retención era ilegal al no contar con la autorización del Congreso Local, requisito indispensable para afectar dichas participaciones, y por no seguir las formalidades esenciales del procedimiento, concediendo la protección al Municipio.