La Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó la controversia constitucional al no alcanzar la mayoría calificada requerida para declarar la invalidez de las adiciones a la Constitución Política del Estado de Baja California relativas a la creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, pero reconoció la validez de los artículos transitorios que regulaban su entrada en vigor y el procedimiento de nombramiento del titular.

El Poder Ejecutivo del Estado de Baja California promovió controversia constitucional contra el Decreto 342, que modificó la Constitución Estatal para crear una Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y regular su nombramiento. El actor argumentó violaciones a los principios de debido proceso, legalidad, división de poderes y la imposibilidad de ejercer el derecho de referéndum. El Tribunal Pleno desestimó la controversia respecto a la invalidez de las disposiciones sobre la Fiscalía por falta de la mayoría calificada de ocho votos, pero reconoció la validez de los artículos transitorios que establecían la entrada en vigor y el procedimiento de nombramiento del fiscal.