La omisión del Poder Ejecutivo de un Estado de entregar las aportaciones federales al Municipio actor, como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF), transgrede la autonomía municipal al violar los principios de integridad y ejercicio directo de los recursos, lo que obliga al Estado a pagar el monto adeudado y los intereses moratorios correspondientes.
El Municipio de Úrsulo Galván promovió controversia constitucional contra el Poder Ejecutivo de Veracruz por la omisión de entregarle recursos del FISMDF correspondientes a agosto, septiembre y octubre de 2016. La Suprema Corte determinó que dicha omisión viola la autonomía municipal, al infringir los principios de integridad y ejercicio directo de los recursos. Por ello, ordenó al Poder Ejecutivo el pago del monto adeudado, así como los intereses moratorios generados por la entrega extemporánea.
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