La intervención de inmuebles donde se ubiquen fábricas de alcohol, sin que la ley o su reglamento otorguen expresamente esa facultad a las autoridades fiscales o inspectores, constituye una violación a las garantías individuales.

El artículo 35 de la Ley de Alcoholes establece que las fábricas están afectadas al pago de impuestos, recargos y multas, incluso si cambian de propietario. Sin embargo, ni la ley ni su reglamento facultan a las autoridades fiscales o inspectores a intervenir dichos inmuebles al descubrirse una infracción. Por lo tanto, la intervención de estos inmuebles sin fundamento legal expreso viola las garantías individuales del afectado.