El derecho a una defensa adecuada en procedimientos administrativos que impliquen la potestad punitiva del Estado, como el arresto por conducir en estado de ebriedad, exige la intervención de un profesional del derecho, aun cuando el infractor renuncie a su defensa o no la solicite, ante la presunción de que su estado de intoxicación puede mermar su capacidad para tomar decisiones racionales y ejercerla por sí mismo.

El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito concedió el amparo a una persona sancionada con arresto administrativo por conducir en estado de ebriedad. La Corte determinó que, si bien la autoridad informó al infractor sobre su derecho a designar un defensor y este se reservó dicho derecho, era obligación del Juez Cívico nombrarle un defensor de oficio. Esto se fundamenta en que el estado de ebriedad, incluso leve, puede mermar la capacidad de una persona para tomar decisiones conscientes y renunciar a su defensa, por lo que la asistencia de un profesional del derecho es indispensable para garantizar una defensa adecuada.