La Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el Congreso de la Ciudad de México, al reformar la Ley de Establecimientos Mercantiles, no invade la esfera competencial de las alcaldías, sino que detalla la forma en que estas deben ejercer sus atribuciones, respetando las facultades constitucionales que les confiere el artículo 122, apartado A, base VI, de la Constitución General.

La alcaldía impugnó un decreto que reformaba diversos artículos de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, argumentando una invasión a sus facultades. La Suprema Corte analizó si el Congreso local, al detallar los trámites y requisitos para la apertura y funcionamiento de establecimientos mercantiles, excedió su competencia o limitó las atribuciones de las alcaldías. El Tribunal Pleno concluyó que el decreto es válido, ya que no otorga facultades específicas a otras autoridades ni restringe las atribuciones de las alcaldías, sino que establece el marco normativo para el ejercicio de las mismas.