La reforma a una ley estatal que obliga a los servidores públicos municipales a presentar sus declaraciones patrimoniales ante el órgano interno de control del Congreso del Estado, en lugar de ante el órgano de control municipal, es inconstitucional por invadir la esfera de competencia municipal y contravenir el federalismo cooperativo.

El Municipio de Santiago Matatlán, Oaxaca, promovió controversia constitucional contra el Decreto 584 que reformó el artículo 30 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca. La reforma obligaba a los servidores públicos municipales a presentar sus declaraciones patrimoniales ante el Órgano Interno de Control del Congreso del Estado, lo cual, según el municipio, invadía su esfera de competencia y contravenía el federalismo cooperativo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la reforma era inconstitucional, ya que la presentación de dichas declaraciones debe realizarse ante los órganos internos de control municipales, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Constitución Federal, que establecen la autonomía municipal y la distribución de competencias en materia de fiscalización y combate a la corrupción.