La regulación de los requisitos para el funcionamiento de guarderías debe ser detallada y específica para garantizar la seguridad, salud e integridad de los menores, especialmente aquellos con discapacidad, previendo el interés superior del niño y evitando distinciones arbitrarias.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad contra diversos artículos de la Ley de Salud Pública del Estado de Baja California, argumentando que la regulación de los centros de desarrollo infantil y estancias infantiles familiares era insuficiente y violaba los derechos de los niños a la vida, salud e integridad. Se alegó falta de certeza jurídica en materia de seguridad, omisión en la regulación del personal y cupo, y discriminación hacia menores con discapacidad. Las autoridades estatales defendieron la constitucionalidad de las normas, argumentando que se cumplían los requisitos mínimos y que la regulación se complementaba con otras normativas y normas oficiales.