La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 422/2024, determinó que los particulares carecen de legitimación para impugnar vicios formales en el procedimiento legislativo de leyes o decretos, ya que dicho principio de deliberación parlamentaria tutela a los grupos parlamentarios y no a los particulares, salvo que dichos vicios repercutan directamente en un derecho tutelado al quejoso.

El caso se originó por un amparo indirecto promovido contra un decreto que reformaba diversas disposiciones de la Ley Minera. La jueza de distrito concedió el amparo al considerar que hubo una violación grave al procedimiento legislativo por falta de motivación de la urgencia. Sin embargo, la Suprema Corte revocó esta decisión, declarando fundados los agravios de las autoridades recurrentes. La Corte sostuvo que los particulares no están legitimados para impugnar vicios formales en el proceso legislativo, citando jurisprudencia que establece que el principio de deliberación parlamentaria protege a los grupos parlamentarios y no a los individuos. Adicionalmente, la Corte determinó sobreseer el juicio respecto a diversas disposiciones del decreto impugnado por extemporaneidad y por no afectar el interés jurídico del quejoso, al tratarse de normas que ya habían sido consentidas o que no le eran aplicables directamente.