La Suprema Corte de Justicia de la Nación declara la invalidez parcial de un decreto que asignaba al Poder Judicial del Estado de Morelos la carga de cubrir pagos de pensiones y jubilaciones, al vulnerar su autonomía e independencia judicial y el principio de previsión presupuestal.

El Poder Judicial del Estado de Morelos promovió controversia constitucional contra el decreto que aprobó el presupuesto de egresos del Estado para 2024, argumentando que se le asignó una carga presupuestal para el pago de pensiones y jubilaciones que no le correspondía, afectando su autonomía. La Suprema Corte determinó que la porción normativa del decreto que imponía esta carga al Poder Judicial era inválida, pues contraviene los principios de autonomía e independencia judicial, así como las disposiciones constitucionales y legales sobre la materia presupuestal.