La Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la juzgadora de amparo, al no analizar pormenorizadamente los documentos y pruebas ofrecidas por las partes, incurrió en una violación indirecta a la Constitución, al no evaluar la debida aplicación de la ley en la sentencia reclamada, a pesar de que la legalidad se encuentra protegida por los artículos 14 y 16 constitucionales.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó un recurso de revisión en el que se determinó que la juzgadora de amparo no realizó un análisis exhaustivo de las pruebas presentadas por las partes. Se consideró que, si bien la legalidad está protegida por los artículos 14 y 16 constitucionales, la falta de estudio detallado de los documentos y objeciones constituye una violación indirecta a la Constitución, pues no se evaluó adecuadamente la aplicación de la ley en el caso concreto.