La concesión de pensiones por jubilación con cargo al presupuesto de un poder público, sin la transferencia de los recursos necesarios, vulnera la autonomía presupuestal y el principio de división de poderes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos contra un decreto del Congreso local que otorgó una pensión por jubilación a una persona con cargo al presupuesto del Poder Judicial, sin prever la transferencia de los recursos necesarios. La Corte determinó que esta acción del Congreso local invade la esfera de competencia del Poder Judicial, vulnera su autonomía en la gestión presupuestal y contraviene el principio de división de poderes, declarando la invalidez parcial del decreto.