La omisión de entrega de participaciones y aportaciones federales a los municipios transgrede el principio de integridad de sus recursos, lo que genera la obligación de pagar intereses moratorios.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, en contra del Poder Ejecutivo del Estado por la omisión de entregar participaciones federales (FISM y FORTAFIN) correspondientes a 2016. La Sala determinó que dicha omisión violenta el principio de integridad de los recursos municipales, consagrado en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, y ordenó al Estado la entrega de las cantidades adeudadas, así como el pago de intereses moratorios generados por la demora.
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