El Poder Ejecutivo carece de facultades para modificar la propuesta de presupuesto de un organismo constitucional autónomo, pues dicha actuación vulnera los principios de legalidad y autonomía presupuestaria.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango impugnó la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2021, argumentando que el Poder Ejecutivo modificó su propuesta presupuestaria sin tener facultades para ello. La Suprema Corte determinó que el Presupuesto de Egresos sí es impugnable en acción de inconstitucionalidad y que, en efecto, el Ejecutivo estatal invadió la esfera de competencia de la Comisión al alterar su propuesta, violando así los principios de legalidad y autonomía presupuestaria.
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