El principio de afectación en la controversia constitucional es un presupuesto procesal cuya ausencia configura una causa de improcedencia que debe ser verificada de oficio, aunque su intensidad varía según la etapa procesal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que el principio de afectación es un presupuesto procesal indispensable para la viabilidad de la controversia constitucional. Su inobservancia genera una causa de improcedencia que el tribunal debe examinar de oficio. La intensidad del escrutinio de esta afectación dependerá de la fase procesal en la que se encuentre el asunto, siendo distinto el análisis en la etapa inicial que al momento de dictar sentencia.