La concesión de una pensión por jubilación a un trabajador del Poder Judicial, con cargo al presupuesto de dicho poder, por parte del Congreso del Estado, es inconstitucional por vulnerar los principios de independencia judicial y autonomía de gestión presupuestal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos contra el Congreso Local. El Poder Judicial impugnó un decreto que concedía una pensión por jubilación a una trabajadora de dicho poder, con cargo a su propio presupuesto. La Corte determinó que dicho decreto vulnera la autonomía de gestión presupuestal y la independencia del Poder Judicial, al permitir que el Congreso disponga de sus recursos sin su intervención y sin garantizar los fondos necesarios. Por lo tanto, se declaró la invalidez parcial del decreto en la porción que asigna el pago de la pensión al presupuesto del Poder Judicial.