La valoración de las pruebas en el juicio penal debe ser exhaustiva y libre, pero sin contravenir las reglas de la lógica y la experiencia, para acreditar la existencia del delito y la plena responsabilidad del sentenciado.

El quejoso argumentó una deficiente valoración de las pruebas en el juicio penal, sosteniendo que estas eran insuficientes para acreditar los delitos de violación y abuso sexual, así como su plena responsabilidad. La Corte analizó si los argumentos del quejoso implicaban cuestiones de legalidad pura relacionadas con la valoración del caudal probatorio, incluyendo declaraciones y peritajes.