El incumplimiento de una sentencia de amparo, aun cuando sea justificado, debe ser subsanado dentro de un plazo razonable otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual puede ser ampliado a solicitud de la autoridad responsable.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza la afectación presupuestal que implica el pago de pensiones por jubilación decretadas por el Poder Legislativo, las cuales deben ser cubiertas por el Poder Judicial estatal. Se determina que el incumplimiento de una sentencia de amparo, incluso si es justificado, requiere un plazo razonable para su cumplimiento, el cual puede ser ampliado. De no cumplirse en dicho plazo, se procederá a la separación del cargo de la autoridad responsable y su consignación.