La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la Fiscalía General del Estado de Morelos, al ser un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, tiene legitimación para promover una controversia constitucional en contra de un decreto que le impone una obligación económica sin la debida asignación presupuestaria.

La Fiscalía General del Estado de Morelos promovió una controversia constitucional contra un decreto del Congreso de Morelos que le otorgó una pensión por cesantía a un particular. La Fiscalía argumentó que el decreto afectaba su autonomía financiera e institucional al imponerle una obligación económica sin especificar la partida presupuestal, especialmente ante la omisión del Poder Legislativo de aprobar el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal correspondiente. La Corte reconoció la legitimación de la Fiscalía para interponer este medio de control constitucional, basándose en su carácter de órgano autónomo y las facultades de su titular.