La concesión de pensiones por jubilación a cargo del presupuesto del Poder Judicial, realizada por el Congreso del Estado mediante decreto, vulnera la autonomía de gestión presupuestal y el principio de división de poderes.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos en contra de un decreto emitido por el Congreso local. El decreto otorgaba una pensión por jubilación a una ex jueza con cargo al presupuesto del Poder Judicial. La Corte determinó que la intervención del Congreso para disponer de los recursos presupuestales de otro poder, sin su participación y sin haber generado las condiciones legales y materiales para cubrir dicha pensión, lesiona gravemente la independencia del Poder Judicial y transgrede el principio de autonomía en la gestión presupuestal, declarando la invalidez parcial del decreto.