La protección del medio ambiente es una facultad concurrente entre la Federación, los Estados y los municipios, cuya dilación o ausencia de gestión directa por parte de las autoridades municipales podría generar un riesgo para la salud y el medio ambiente.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 262/2023, determinó que el derecho a un medio ambiente sano trasciende la distribución competencial, pues su protección es una facultad concurrente entre los distintos niveles de gobierno. Concentrar esta obligación únicamente en la autoridad federal sería perjudicial, dado que los municipios tienen contacto directo con la ciudadanía y son los primeros en atender el bienestar de sus habitantes.
Vista sintética de los datos extraídos. El texto íntegro está en la pestaña de la fuente oficial.