El decreto emitido por el Congreso del Estado de Morelos que obliga a un órgano constitucional autónomo a pagar una pensión por jubilación, sin haberle transferido los recursos económicos necesarios, es inconstitucional por vulnerar el principio de independencia financiera y autonomía presupuestal.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana contra el Congreso del Estado de Morelos. El Instituto impugnó un decreto que le obligaba a pagar una pensión por jubilación a una persona, sin que se le hubieran transferido los recursos necesarios para cubrir dicho gasto. La Sala determinó que dicho decreto era inconstitucional, ya que vulneraba la autonomía presupuestal y la independencia financiera del Instituto, al imponerle una carga económica sin proporcionarle los medios para cumplirla, lo cual constituye una forma grave de subordinación.