La intervención de comunicaciones privadas, para ser lícita, debe ser autorizada por un Juez Federal, salvo las excepciones constitucionales expresas, y su obtención ilícita vicia el proceso penal.

El caso aborda la validez de la intervención de comunicaciones privadas en un proceso penal. La Suprema Corte analiza si las violaciones al debido proceso de un coinculpado pueden ser analizadas por el quejoso, concluyendo que sí es posible si inciden en la acreditación del delito y la responsabilidad. Se enfatiza que la autorización para intervenir comunicaciones debe provenir de un Juez Federal y que la obtención ilícita de pruebas derivadas de esta intervención vicia el proceso.