La legitimación activa de los órganos constitucionales autónomos para promover controversias constitucionales se extingue con su desaparición, no siendo aplicable a los nuevos órganos que los sustituyan si estos no cuentan con dicha legitimación constitucional.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones, como órgano constitucional autónomo, promovió una controversia constitucional. Sin embargo, una reforma constitucional posterior extinguió dicho órgano y creó nuevas dependencias del Poder Ejecutivo Federal. La Suprema Corte determinó que la legitimación del Instituto para promover la controversia cesó con su extinción, y que los nuevos órganos, al no ser constitucionales autónomos, no heredan dicha legitimación, aun cuando se les sustituya en derechos y obligaciones en otros procedimientos.