La retención de participaciones federales a los municipios para cubrir adeudos con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con fundamento en el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, es constitucional cuando se realiza con base en un convenio celebrado entre el municipio, el IMSS y el gobierno estatal, y no contraviene la autonomía financiera ni la libre administración de la hacienda municipal.

La controversia constitucional se centró en la retención de participaciones federales a un municipio para cubrir adeudos con el IMSS, basándose en el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal. El municipio argumentó que esta retención violaba su autonomía financiera y libre administración hacendaria. La Suprema Corte determinó que, si bien las participaciones federales son inembargables, existen excepciones, como las derivadas de convenios. En este caso, al existir un convenio previo entre el municipio, el IMSS y el gobierno estatal que autorizaba la retención en caso de incumplimiento, la actuación se consideró constitucional y no una invasión a la esfera de competencia municipal.