El principio de gratuidad en el acceso a la información pública obliga al legislador a motivar reforzadamente las cuotas por reproducción, envío o certificación de documentos, basándose en costos objetivos y razonables.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la constitucionalidad de diversas disposiciones de leyes de ingresos estatales y municipales que establecían cobros por el acceso a la información pública. El Tribunal Pleno determinó que el principio de gratuidad consagrado en la Constitución y la Ley General de Transparencia implica que solo se pueden cobrar los costos de reproducción, envío o certificación, los cuales deben estar justificados con base en costos objetivos y razonables. La falta de esta motivación reforzada por parte del legislador conduce a la inconstitucionalidad de dichas disposiciones.