La orden de verificación debe precisar el rubro a inspeccionar y su fundamento legal para garantizar la seguridad jurídica del gobernado, evitando ambigüedades que dejen al arbitrio de los verificadores el requerimiento de información.

La Sala Regional determinó que la orden de verificación emitida por el SAT era ilegal por ser genérica y ambigua, al no precisar claramente la actividad vulnerable a revisar dentro de las diversas contempladas en el artículo 17, fracción V, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Esta imprecisión violenta el artículo 16 Constitucional, dejando al gobernado en estado de indefensión. Al derivar la resolución impugnada de un acto viciado de origen, se declara la nulidad lisa y llana de la misma.