La Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero es inconstitucional por omisión legislativa parcial, al no establecer bases y parámetros objetivos y diferenciados para la fijación de remuneraciones, lo que genera discrecionalidad y transgrede la seguridad jurídica.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó la Ley de Remuneraciones del Estado de Guerrero por considerar que carece de bases y parámetros objetivos para fijar las remuneraciones de los servidores públicos, lo que genera discrecionalidad y viola la seguridad jurídica. La Suprema Corte determinó que la ley impugnada, al reproducir el texto constitucional sin desarrollarlo, incurre en una omisión legislativa parcial, al no establecer reglas claras y precisas para la fijación de remuneraciones, contraviniendo el artículo 127 constitucional.