El acceso a un recurso efectivo se vulnera cuando se omite el análisis de la legalidad de una resolución judicial, máxime si se dejan de considerar pruebas que demuestren una eximente de responsabilidad, lo que genera estado de indefensión.

El quejoso alegó la vulneración del derecho a un recurso efectivo y al debido proceso, argumentando que el juez omitió analizar la legalidad de su actuación y dejó de considerar pruebas que demostraban una eximente de responsabilidad, lo que lo dejó en estado de indefensión. El Tribunal Colegiado determinó que el reclamo incidía en legalidad, pues la esencia era la omisión de análisis y la inadmisión de pruebas. Respecto al juzgamiento por doble vez, se señaló que los procedimientos administrativo y penal se rigen por ordenamientos distintos, por lo que no se actualizaba la triple identidad.