La multa impuesta por no proporcionar información y documentos requeridos por la autoridad hacendaria durante una visita domiciliaria, en el juicio contencioso administrativo federal, no permite examinar la validez de la orden que originó el procedimiento de fiscalización.

El presente criterio establece que en un juicio contencioso administrativo federal, cuando se impugna una multa por no proporcionar información y documentos durante una visita domiciliaria, no es procedente analizar la legalidad de la orden de visita que dio origen a la fiscalización. Esto se debe a que la multa es un acto autónomo que surge de un requerimiento posterior a la orden de visita, y su impugnación no afecta las defensas del particular ni obstaculiza las facultades de comprobación de la autoridad fiscal.