La preservación y restauración del medio ambiente sano constituyen un asunto de interés público, susceptible de justificar restricciones legales y administrativas que cumplan con los estándares constitucionales y convencionales.

El Estado tiene la responsabilidad principal de garantizar los derechos a la salud y a un medio ambiente sano. Sin embargo, la ciudadanía también tiene una responsabilidad solidaria y debe participar activamente en la preservación ambiental. Por ello, las disposiciones administrativas de carácter general emitidas por los órganos competentes para proteger el medio ambiente son válidas si cumplen con los estándares constitucionales y convencionales.