Para resolver el caso, distinto de lo considerado por el juez de Distrito, la autoridad administrativa responsable debió realizar una interpretación conforme de los numerales 68 y 69, párrafos segundo y tercero, del Código Civil para el Estado de Oaxaca, así como de los diversos 184 y 201 del Código Familiar para el Estado de Oaxaca e inaplicar los diversos 232 y 233 del propio código familiar; partiendo de la obligación constitucional y convencional para integrar, aplicar sistemáticamente el interés superior de los menores de edad en todas las instituciones públicas, especialmente en los procedimientos administrativos que afecten de manera directa o indirecta a tales menores, así como velar que en todas las decisiones relacionadas con menores se observe y evalúe su interés superior.