La suspensión provisional de un Ayuntamiento, decretada por la Legislatura Local, requiere la previa audiencia de sus integrantes para garantizar el derecho de defensa.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Municipio de Santa María Mixtequilla, Oaxaca, contra el Decreto 1228 del Congreso Estatal. El decreto ordenó el inicio del procedimiento de desaparición del Ayuntamiento, su suspensión provisional y el nombramiento de un administrador municipal, tras la renuncia de la mayoría de sus integrantes. La Corte determinó que, si bien el Congreso está facultado para tomar estas medidas ante la ingobernabilidad, la suspensión provisional del Ayuntamiento debe precederse de la notificación y audiencia de sus miembros para garantizar su derecho de defensa, conforme al artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal. Por ello, se declaró la invalidez de la suspensión provisional y del nombramiento del administrador municipal, ordenando la reinstalación de los miembros restantes del Ayuntamiento para que se pronuncien sobre la medida, sin perjuicio de continuar el procedimiento de desaparición.