La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe analizar la constitucionalidad de las normas que, en ejercicio de la facultad de regulación, invaden la esfera de atribuciones de las alcaldías de la Ciudad de México, aun cuando se trate de disposiciones que establecen requisitos o modalidades para el ejercicio de dichas atribuciones.

La Alcaldía Benito Juárez promovió controversia constitucional contra el Congreso y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por la reforma a la Ley de Establecimientos Mercantiles. La alcaldía argumentó que dicha reforma invadía sus competencias constitucionales en materia de permisos y autorizaciones para establecimientos mercantiles. La Suprema Corte determinó que, si bien el Congreso tiene la facultad de legislar, no puede hacerlo de manera que vulnere las atribuciones mínimas garantizadas a las alcaldías por la Constitución General. En particular, se declaró la invalidez de una disposición que transfería a la Jefatura de Gobierno la facultad de otorgar permisos en situaciones de emergencia, al considerar que ello limitaba indebidamente las atribuciones de las alcaldías.