El cumplimiento de una ejecutoria de amparo exige que la autoridad judicial o ministerial actúe con diligencia, recabando las pruebas ordenadas y aplicando las medidas de apremio necesarias para constreñir a las partes a su exhibición o desahogo, sin que baste la mera emisión de requerimientos genéricos.

El presente caso aborda la ejecución de una sentencia de amparo en la que se ordenó a una autoridad ministerial recabar pruebas específicas y practicar diligencias. El tribunal colegiado determinó que existió un defecto en el cumplimiento de la ejecutoria, ya que el juez de distrito no se aseguró de que la fiscalía utilizara las medidas de apremio necesarias para obtener las pruebas, ni citó a la quejosa para exhibir documentos. Por lo tanto, se declaró fundada la inconformidad y se ordenó al juez de distrito constatar el cumplimiento efectivo de la sentencia.