La Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede valorar si un plazo fijado constitucionalmente para informar a la ciudadanía sobre las plataformas electorales resulta violatorio de los derechos político-electorales, pues el órgano reformador de la Constitución delimitó dicho plazo mínimo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza la constitucionalidad de establecer una fecha fija para iniciar un proceso electoral. El Tribunal Pleno determinó que su capacidad de apreciación está limitada por los parámetros constitucionales. Si una norma se encuentra dentro de los límites expresamente fijados por la Constitución, goza de una presunción de constitucionalidad. Por ello, se desestimaron los planteamientos sobre la afectación desproporcionada del plazo para exponer plataformas, ya que la Constitución delimitó dicho plazo mínimo.