La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las legislaturas locales, al expedir las leyes de ingresos municipales, deben observar los principios de legalidad tributaria y de destino al gasto público, al tiempo que deben respetar la autonomía municipal y el marco legal para que los municipios cubran sus necesidades y ejerzan sus atribuciones.
La Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal promovió una acción de inconstitucionalidad contra diversas disposiciones de las leyes de ingresos de municipios de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2024, específicamente aquellas relativas al cobro de derechos por suministro de alumbrado público. La Suprema Corte analizó la facultad de las legislaturas locales para expedir dichas leyes, considerando la contribución a la autonomía municipal y el cumplimiento de mandatos constitucionales.
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