La competencia territorial de las direcciones de fiscalización de la Ciudad de México debe estar expresamente conferida en la ley para la validez de los actos de autoridad que emitan.

El presente caso analiza la validez de multas impuestas por la Dirección de Procesos de Auditoría y la Dirección de Verificaciones Fiscales de la Ciudad de México. La parte quejosa argumenta que dichas direcciones carecen de competencia territorial expresa para actuar en toda la Ciudad de México, basándose en una interpretación restrictiva del artículo 7 del Código Fiscal de la Ciudad de México. Se cuestiona si las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica y su Reglamento Interior son suficientes para fundamentar dicha competencia, o si se requiere una disposición legal específica que delimite su ámbito territorial de actuación.