La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver controversias constitucionales, ha sostenido que ciertas normativas estatales que regulan aspectos del servicio civil, la recaudación de impuestos prediales o el control del suelo, no contravienen el principio de autonomía municipal consagrado en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que respeten los principios de autosuficiencia económica y las facultades propias de los municipios.

El presente caso aborda la interpretación del principio de autonomía municipal frente a normativas estatales que regulan aspectos del servicio civil, el impuesto predial y el control del suelo. La Suprema Corte ha emitido criterios en el sentido de que dichas normativas no violan la autonomía municipal si respetan las facultades constitucionales de los municipios y sus principios de autosuficiencia económica. En este extracto, se citan tesis relevantes que sustentan esta postura, indicando que la facultad del Poder Ejecutivo estatal para controlar el suelo no transgrede la autonomía municipal, y que la ley estatal del servicio civil no viola dicho principio al establecer quiénes son trabajadores de base. Asimismo, se menciona que la Ley de Ingresos de un municipio, al establecer tarifas de impuesto predial, respeta la autonomía y autosuficiencia económica municipal.